Aprobado el Real Decreto-ley
España recupera el modelo europeo de compensación por copia privada
El Gobierno ha aprobado el Real Decreto-ley que recupera el modelo de copia privada, vigente en toda Europa, que carga la compensación equitativa a los importadores y fabricantes de equipos, aparatos y soportes de reproducción.
Los artistas españoles, a falta de una revisión a fondo del texto aprobado, consideran positivo que el Gobierno adapte esta normativa al derecho comunitario, en línea con las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que el 9 de junio de 2016 declaró ilegal el sistema español sufragado con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, y del Tribunal Supremo de España, que el pasado 11 de noviembre lo declaró nulo.
La aprobación de este Real Decreto-ley soluciona la situación de ilegalidad en la que se encuentra España, donde a pesar de las citadas sentencias, la excepción de copia privada ha seguido vigente sin que exista un sistema de compensación equitativa, lo que ha causado un grave perjuicio a los artistas, autores y productores.
Además, corrige la definición y alcance del límite de copia privada, poniendo fin al problema creado por la última reforma, que había convertido en ilícitas la mayoría de copias privadas que hacen los ciudadanos.
Sin embargo, los importes provisionalmente asignados para reparar el daño causado y hacer efectiva la compensación son objetivamente más bajos que los de los de los países de nuestro entorno, quedando por debajo de la media de la Unión Europea. Los artistas y su entidad de gestión, AIE, confían en conseguir, durante el desarrollo reglamentario del nuevo sistema, que los importes asignados en el Real Decreto-ley sean ajustados y equiparados a los existentes en los países de nuestro entorno.
Por todo ello, los artistas siguen ofreciendo al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte todo su apoyo y la mejor disposición para acabar de perfilar este modelo de copia privada, que debe compensar de forma justa a los titulares de derechos, en un marco equilibrado entre el derecho de los ciudadanos a disfrutar de los contenidos culturales y creativos y la imprescindible protección de la propiedad intelectual y el respeto por la creación, evitando su discriminación frente a las industrias que explotan dichos contenidos.