Google entra de forma silenciosa en el negocio de los derechos musicales

Un fondo de Alphabet, matriz de Google, ha adquirido una participación en BMI

Google entra de forma silenciosa en el negocio de los derechos musicales

La firma de capital riesgo New Mountain Capital (NMC) ha confirmado la adquisición de una participación mayoritaria de Broadcast Music, Inc. (BMI), entidad de gestión de derechos musicales de comunicación pública estadounidense. Las alarmas han saltado porque uno de los accionistas de NMC es CapitalG, un fondo de inversión propiedad de Alphabet, empresa matriz de Google. Este movimiento preocupa a numerosos creadores musicales, al considerar que la venta de BMI a una entidad privada en la que participa Google es una amenaza para su futuro.

La venta de BMI preocupa a la comunidad creativa porque la entrada de Google en su accionariado podría tener varias consecuencias negativas para los creadores. Entre ellas, una significativa reducción de su fuerza de negociación, pues dependen de organizaciones como BMI para negociar tarifas justas y equitativas con proveedores como Spotify, Apple Music o YouTube. Plataformas, todas ellas, con un gran poder de mercado e influencia sobre la industria musical, que a menudo buscan reducir las tarifas que pagan a los titulares de derechos. 

Con Google en su accionariado, BMI podría inclinarse del lado de los intereses de sus inversores más que del de sus socios en las negociaciones con estas grandes plataformas. Por ejemplo, podría darse el caso de que aceptara una tarifa más baja para los músicos, a cambio de la inclusión de más obras en los catálogos o de que estas estén visibles durante más tiempo. Esto reduciría aún más los ingresos y el control de los creadores, en un momento en el que se están enfrentando a enormes desafíos en el mercado de música digital. 

La inquietud parece razonable, ya que, potencialmente, Alphabet podría influir en las decisiones de BMI sobre licencias, la estrategia de defensa en un litigio o el acceso a datos sensibles de sus socios, así como reducir la capacidad de la entidad de gestión para negociar tarifas justas con las empresas cuyo negocio se basa en la explotación de música. 

Además, la relación de Google con el sector es compleja: YouTube, propiedad de Google, es frecuentemente acusado no solo de pagar poco por la música, sino también de esforzarse por eludir su responsabilidad respecto a los contenidos con copyright subidos sin autorización por sus usuarios, exprimiendo, hasta bordear la ilegalidad en muchos casos, las posibilidades que le brinda la disposición de “puerto seguro” (Safe Harbor). Este término lo consiguieron introducir los gigantes de Internet en 1998, en la ley que regula el copyright en Estados Unidos (Digital Millenium Copyright Act o DMCA), en cuya sección 512 se establece que, si cumplen ciertos requisitos, los proveedores de servicios de Internet no son responsables de las infracciones cometidas por sus usuarios. 

 

Conflicto de intereses 

BMI y la Asociación Estadounidense de Compositores, Autores y Editores (ASCAP) son las principales organizaciones estadounidenses de recaudación y distribución de regalías a los titulares de derechos por la comunicación pública de sus obras musicales en radio, televisión, servicios de streaming y otras plataformas. Pero BMI también es un jugador clave en la defensa de los derechos e intereses de los creadores de música en las áreas legislativa y judicial, por lo que choca a menudo con los intereses de los usuarios de música como Google, parte frecuente en litigios sobre tarifas o transparencia. 

Por todo ello, un amplio grupo de socios de BMI ha alertado de “un conflicto de intereses directo” y ha mostrado en diferentes medios de comunicación su oposición a la venta, manifestando que “autores, artistas y editores de música merecen una compensación justa y reconocimiento por su trabajo”, por lo que “la industria musical necesita entidades de gestión fuertes e independientes, que puedan representar y abogar por los intereses de los autores, artistas, editores y demás titulares de derechos musicales y no por los de los inversores o usuarios que explotan comercialmente la música”. 

Por su parte, Michael O’Neill, presidente y director ejecutivo de BMI, ha asegurado que con esta operación, BMI dejará de ser una organización sin ánimo de lucro para “explorar nuevas fuentes de ingresos e invertir en nuestras plataformas”. El acuerdo incluye una cantidad de 100 millones de dólares que serán repartidos directamente entre los autores y editores socios de BMI esta primavera, lo que las voces críticas han interpretado como un “gesto cortoplacista” para “calmar las aguas”. El comunicado del 8 de febrero precisa que «si bien no se trata de una distribución de regalías, la asignación se ajustará a las metodologías de distribución de BMI, que se basan en el rendimiento durante un período de tiempo determinado». 

El montante global de la operación asciende a una cantidad no precisada de entre 1.400 y 1.700 millones de dólares, según fuentes citadas por Billboard, una vez aprobada por los organismos reguladores estadounidenses.